Las mentiras sobre la Ley de Seguridad Interior

Tras meses de mantener el tema en la congeladora, la Cámara de Diputados por fin dio un paso adelante con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que tanto habían exigido las Fuerzas Armadas, los gobernadores e incluso algunos legisladores que hablaban sobre su urgencia, sin que hasta este ... Tras meses de mantener el tema en la congeladora, la Cámara de Diputados por fin dio un paso adelante con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que tanto habían exigido las Fuerzas Armadas, los gobernadores e incluso algunos legisladores que hablaban sobre su urgencia, sin que hasta este jueves hubieran hecho algo al respecto.

Pero luego de que la Ley fuera aprobada por los diputados --para ser turnada al Senado-- se hizo efectivo el ya célebre dicho de que en tiempos preelectorales, hay a quienes “ningún chile les embona”.

Desde la oposición y organizaciones sociales llegó la descalificación, y se dijo que el PRI y el gobierno federal pretenden “militarizar al país” y otorgar al presidente “discrecionalidad” para el uso de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la gran mayoría de estos argumentos son falsos e imprecisos.

Aquí una lista sobre las principales mentiras que se han dicho en las reacciones posteriores a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Cámara de Diputados:

1.- La Ley fue impuesta por el PRI: Falso. Sí, la iniciativa surgió del tricolor. Y sí, los votos del PRI y sus aliados (PVEM, PANAL y PES) propiciaron su aprobación. Pero también votaron a favor 14 diputados panistas. Y además, 48 legisladores panistas se abstuvieron de votar, mientras que otros 30 ni siquiera acudieron a la sesión.

E incluso gobernadores panistas, como Antonio Gali, de Puebla, se han congratulado por la aprobación de la Ley, ya que en sus entidades no se podría contener al crimen organizado sin la presencia del Ejército.

El líder del PAN, Ricardo Anaya podrá decir que el PAN se está en contra de la Ley. Pero en los hechos, ni los legisladores ni los gobernadores panista se opusieron.

2.- Otorga discrecionalidad al presidente para el uso de las Fuerzas Armadas. Falso. Sí, Ley prevé facultar al presidente para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que podría derivar en el envío de efectivos castrenses. Pero esa declaratoria se expediría a solicitud de gobiernos y Congresos estatales que se consideren rebasados en el combate al crimen.

Y sí, el presidente también podría emitir la declaratoria a iniciativa propia en caso de considerar que existe peligro para la integridad de las personas y el funcionamiento de las instituciones de gobierno. Pero la declaratoria debe ser aprobada por la Comisión Nacional de Seguridad. Y además, debe explicar de manera detallada, qué amenaza se atenderá, a través de qué acciones, en qué espacio y temporalidad y bajo el mando de quién. El uso de las Fuerzas Armadas no es discrecional.

3.- De acuerdo con el líder del PT, Alberto Anaya, la Ley “abriría la puerta a un estado de excepción permanente”, mientras que el panista Marko Cortés dijo que “perpetuaría la presencia del Ejército en labores de combate a la inseguridad”. También es falso. La Ley establece que la declaratoria tendría una vigencia máxima de un año. Aunque sí se contempla que pueda extenderse la temporalidad en caso de ser necesario.

4.- La ley conduciría a la “militarización” de la seguridad pública y del país. Así lo dijo la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Renault, quien aseguró que “tener al Ejército en las calles, es tener al cuerpo castrense que no está capacitado para hacer funciones de seguridad pública”.

En efecto: el Ejército no está capacitado para realizar labores de seguridad pública, pero la Ley no contempla que lo haga.

El Ejército intervendría en labores de “seguridad interior”; es decir, en el combate a la delincuencia organizada, el terrorismo, desastres naturales y epidemias. La “seguridad pública” es otra cosa: se refiere a los delitos comunes, que seguirían siendo perseguidos por los cuerpos civiles.

Además, la Ley no contempla la sustitución de las policías estatales por el Ejército, sino su coadtuvancia.

5.- El Ejército podría ser usado para reprimir manifestaciones sociales. Falso: la Ley especifica que las movilizaciones de protesta social no son consideradas como amenazas para la seguridad interior.

6.- La Ley atenta contra los Derechos Humanos: Falso, por el contrario, establece que las autoridades deberán respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales. Sólo se contempla la suspensión de esas garantías en los casos que de hecho ya prevé el artículo 29 constitucional.

7.- Amnistía Internacional dijo que con esta ley "se podrían repetir casos de violaciones a los  derechos humanos "como en Ayotzinapa o en Tanhuato".  En ninguno de los dos eventos participaron las fuerzas armadas. En el primero fueron policías municipales y sicarios y en el segundo Policías Federales.