Un rancho con cientos de huesos, cenizas, ropa y
otras evidencias en Tihuatlán, fue detectado y luego abandonado por la Fiscalía
estatal desde hace tres meses
TIHUATLÁN, Veracruz.- "Es horrible lo que
nosotros encontramos... así es como acaba un desaparecido en México", dice
Mario Vergara Hernández, desde el rancho "La Gallera", en este
municipio del norte veracruzano.
Es un hombre que lleva el olor a sangre y huesos
entre las uñas y pegado a la piel desde octubre de 2014, después de convertirse
en uno de los buscadores de fosas más activos, primero en Guerrero -donde fue
secuestrado su hermano Tomás Vergara Hernández-
y luego en otros estados del país.
Su labor activista en la Brigada Nacional de
Búsqueda de Desaparecidos, integrada por víctimas indirectas de desapariciones
y desapariciones forzadas, que arrancó el abril de 2016, ha logrado ya la
localización de fosas clandestinas en Sinaloa y Veracruz.
Su perturbadora experiencia en este campo –que
incluye el rastreo de fosas clandestinas y el reconocimiento de piezas humanas-
es ya reconocida desde que literalmente empezó a escarbar en la tierra después
de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Esto motivó a las madres del colectivo Familiares
en Búsqueda María Herrera a solicitar su apoyo para explorar un cementerio
clandestino y posible campo de exterminio, del que parientes desesperados
tenían información gracias que han logrado obtener información de grupos
criminales. El lugar se halla en la comunidad Rancho Viejo de esta comuna.
De acuerdo con múltiples testimonios, el sitio
sólo fue explorado superficialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) el
2 de febrero de este año, pero por motivos no explicados, la autoridad
suspendió estas tareas, omitió revelar el hallazgo del sitio tanto al público
como a los colectivos de familiares de desaparecidos. La zona fue
abandonada.
El rancho "La Gallera" se encuentra
cerca de los límites de este municipio con Poza Rica. Los
familiares-rastreadores muestran decenas de evidencias que generan
estupefacción y sacuden la conciencia. Es imposible imaginar cómo sacudirán a
la miles de familias que en Veracruz y estados vecinos siguen buscando a un
pariente perdido.
La casa central del rancho encierra una sorpresa
adicional: un horno en cuyo interior y sus alrededores generó diversas
acumulaciones de cenizas de origen incierto. Los rastreadores muestran certeza
de que ahí fue incinerado un número indeterminado de cadáveres. En el área han
sido ubicadas hasta ahora 22 fosas con restos presumiblemente humanos.
En distintos puntos de la casa –en escaleras y
pasillos- se observan rastros de un rojo deslavado. "Sangre de alguien fue
arrastrado por aquí o de un bulto que contenía restos", sostienen los
guías de este recorrido.
Pese a estas evidencias, ninguna autoridad ha
vuelto al predio ni hecho público el hallazgo. Tampoco mostrado atención a los
familiares de las víctimas.
Pero estos parientes mostraron las agallas
suficientes para investigar, apelar a todos los recursos que si angustia les
permitió. Y dieron con este sitio que alguna autoridad decidió abandonar,
ocultar o simplemente ignorar, despreciar.
"Con todo, aquí seguiremos. Hasta que la dignidad se haga
costumbre", resume una y otra vez Mario Vergara mientras conducía a los
reporteros de LA SILLA ROTA por una ruta que por donde se posa la vista ofrece
rastros de huesos, cenizas, ropa y otros indicios.
Requerida su postura sobre este tema, la Fiscalía
estatal declinó emitir comentarios. Tanto por vía de su vocero, Conrado
Hernández Ortiz, como por el propio fiscal, Jorge Winckler Ortiz, ofreció
reacciones sobre este hallazgo. Pero no lo hizo hasta la noche de este
miércoles.
Uno: pedazos de cuerpos regados como
Los
enviados de LA SILLA ROTA acudieron a este rancho en una visita que representó
la tercera para los integrantes del colectivo. Ingresaron al predio ubicado
apenas a un kilómetro del negocio "Autopartes Gómez", propiedad del
alcalde perredista Gregorio Martínez. Este negocio fue cateado en junio de 2015
por denuncias de piezas robadas. En el operativo fueron detenidas 10 personas,
pero aun así sigue operando.
Para llegar a la propiedad se caminan escasos 200
metros en línea recta sobre terreno pedregoso con cercos de alambres de púas.
Atrás, a 3 kilómetros, había quedo la carretera Poza Rica-Tampico. Más adelante
del rancho está el río Cazones.
No es el último rincón del mundo. Resulta difícil
que para los lugareños fuera del todo desconocido lo que aquí ocurría. Peor
para alguien ajeno a la zona, secuestrado y trasladado aquí para encontrarse
con la muerte, el sitio debió parecer "un infierno sin salida; la gente no
tenía escapatoria", estima uno de los guías, de quien se reserva la identidad,
así como del resto de los participantes del recorrido, a petición de ellos
mismos.
Aquí el ruido de la mancha urbana se extravía
entre el silbido de las aves y de las cigarras. Y a pesar de lo que en este
sitio ocurrió y lo que fue encontrado, el predio no está resguardado por
autoridades ni asegurado para impedir el acceso. Una cintilla amarilla que
alguna vez delimitó el paso está tirada en el suelo entre las ramas y los
esbeltos troncos de las jacarandas. Pero esa cinta demuestra que el lugar fue
visitado alguna vez por la autoridad.
"...Y esta es la pulcritud con la que trabaja
la Fiscalía", dice uno de los integrantes del colectivo Familias en
Búsqueda María Herrera, al mostrar ropas, guantes, material de tipo forense y
bolsas de basura que alguien utilizó y soltó al piso, como lo hace quien se
apresura a abandonar un lugar en donde se siente incómodo.
La casa del rancho es de dos pisos, con seis
habitaciones. Dos balcones dibujan la fachada, enmarcados con azulejos. Todas
las habitaciones están pintadas de rosa, color que se destina a la alcoba de
niñas o adolescentes. Ello contrasta con lo que ahí ocurrió, pero acaso dice
algo de los dueños originales del lugar, que encierra una historia ominosa.
"Al dueño lo despojaron. Al señor le
secuestraron en 2011 a sus familiares y para que se los devolvieran le pidieron
el rancho. Eso pasó hace seis años. Imagínate todo lo que pasó aquí en esos
años; cuántos cuerpos puede haber aquí", comenta al entrar al inmueble una
madre de desaparecido que hace las veces de guía junto con su grupo.
Las mujeres buscadoras ingresan a la habitación
principal, y ahí mismo sacan de los papeles que siempre cargan con ellas fotografías
que tomaron en la primera visita. En las gráficas se aprecian trayectorias
marcadas con sangre que van desde las recámaras hasta la salida, al patio
trasero de la casa. "Estas huellas eran de bultos que fueron arrastrados
antes de ser enterrados", dice con certidumbre un joven que camina al
frente del grupo.
En el cuarto principal ya casi no son visibles las
marcas, aunque ahora yacen en el piso batas de médicos forenses, guantes de
plástico, vasos, platos desechables y restos de comida. Una cartulina blanca
dice "Área de Visitadores", lo que marca el sitio en donde laboraron
los activistas del Colectivo Familias en Búsqueda María Herrera en una primera
diligencia, el pasado 1 de febrero.
A unos pasos de ahí, al centro de una habitación
de tamaño mediano, aparece el horno de piedra, que pudo haber servido para
hacer ladrillos alguna vez, y que la Fiscalía dijo a lugareños que quizá fue
usado también para preparar
"zacahuil" (una especie de tamal de grandes dimensiones,
originario de la zona huasteca).
Dentro, a un lado y detrás del horno se pueden ver
montones de cenizas. Son visibles pequeños restos de lo que miembros del
colectivo aseguran según su experiencia, pueden ser huesos humanos.
"Ya no nos asombra la maldad de las personas,
por eso no descartamos que se trate de una ´cocina humana´, como tantas otras
en Veracruz", dice este mismo hombre.
"Esa
montaña de cenizas está llena de restos", dice uno de los familiares, a
quien el viento le impregna el rostro de tizne, el mismo que se adhiere a la de
las cámaras. Los fragmentos de huesos más grandes los han entregado ya a la
Fiscalía dentro de un bote con otras evidencias. No han recibido ningún reporte
al respecto, salvo el silencio.
Dos: los indicios de un lugar de exterminio
Esta historia empezó hace diez meses, cuando en
Veracruz aún gobernaba Javier Duarte de Ochoa, ahora recluido en un penal de
Guatemala en espera de su extradición, acusado de malversación de recursos
públicos y delincuencia organizada.
En una reunión con autoridades locales y con Roberto
Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, en Boca del Río, el 26 de abril de 2016, Jesús Jiménez Gaona,
exigió que se indagara si había fosas clandestinas en el norte de Veracruz,
especialmente en Poza Rica, donde su hija Jenny Isabel Jiménez Vázquez y tres
de sus amigos fueron privados de su libertad en 2011.
Hundido en la angustia por encontrar a su hija,
Jiménez Gaona, de oficio comerciante, se dio a la tarea de adentrarse en los
primeros círculos de la delincuencia organizada, refieren sus compañeros de
colectivo, y gracias a ello consiguió 36 ubicaciones geográficas, donde
posiblemente asesinaban personas. Esas áreas abarcan desde el municipio de
Gutiérrez Zamora, se extienden por Papantla, Coatzintla y Poza Rica, hasta
llegar a Tihuatlán.
La simple propuesta de Jiménez Gaona representó
para quienes buscan a sus familiares -en un país donde hay 26 mil desaparecidos
según cifras oficiales- una esperanza. Sólo en Veracruz se tiene el reporte de
2 mil 133 personas que desde 2006 no han sido localizadas. En los últimos 7
años se han exhumado 535 cadáveres de fosas clandestinas en 43 municipios.
Pero meses después de haber elevado su petición,
el 21 de junio de 2016, Jesús Ramírez viajaba en un vehículo en compañía de su
esposa. Trabajaba en la integración de brigadas de búsqueda de desparecidos.
Circulaban sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Poza Rica, cuando fueron
atacados por un grupo armado que logró matarlo a él y herirla a ella. El miedo
se coló en las mentes de los colectivos de búsqueda y la esperanza de acudir al
sitio se apagó...pero sólo por unos meses.
Tras la llegada de la transición en el estado en
diciembre de 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares -el primer gobernador de
un partido distinto al PRI- tomó el
cargo, los familiares se armaron de valor de nuevo y pidieron apoyo para
realizar una búsqueda entre Tihuatlán y Poza Rica. Habían recabado más datos y
señalaron directamente que tenían sospechas sobre el rancho "La
Gallera". Confiaron en las promesas que el hoy ejecutivo estatal hizo
durante su campaña a los activistas, cuando aseguró que el tema de
desaparecidos sería primordial en su bienio.
Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, de
parte de los fiscales regionales de la zona norte.
"Quisieron meternos miedo... pero nuestros
planes no podían volver a arruinarlos", asegura una integrante de la
agrupación Familiares en Búsqueda María Herrera, quien pide no se revele su
nombre por temor expreso. Los fiscales regionales, explica mientras acompaña a
los reporteros al recorrido en el rancho "La Gallera", les
advirtieron que en ese corredor operan seis grupos criminales: dos células de
los Zetas (La 35 y la 52), el Cártel del Golfo, Jalisco Nuevo Generación, Los
Arroyo y Cárteles Unidos.
Finalmente, el 1 de febrero de este año, los
familiares casi forzaron al fiscal general del estado Jorge Winckler para
conducir una diligencia aquí. Y efectivamente, encontraron rastros de cuerpos.
"Nadie imaginaba encontrar todo lo que
vimos... Fuimos testigos de la exhumación de cinco hombres y una mujer en tres
fosas. Los rasgos de cuatro rostros y sus tatuajes eran evidentes: la Santa
Muerte en un antebrazo y el nombre de Lupita; las iniciales E y S en el brazo
derecho; dos nombres a la altura del pecho con los nombres: Ali Dalatiel y
Francisco Javier.
"Es lo que recordamos de los cadáveres y
ojalá sus familias los reconozcan", dice una mujer del colectivo que busca
a su familiar desaparecido en Poza Rica desde 2011. "El olor a carne podrida era mucho. Los agentes nos dijeron que los canes
buscadores se habían ´estresado´ y no lograron detectar con precisión más
fosas".
Los elementos de la fiscalía también encontraron
prendas de al menos 20 personas, entre niños y adultos, además de bolsos,
maletas y partes de una camioneta desvalijada con placas del Estado de México.
Los familiares insistieron ante el Fiscal para
recorrer cada punto del lugar y así llegaron, con el estómago revuelto, al
horno lleno de cenizas. Todas con el conocimiento de que, en Veracruz, no sería
la primera "cocina humana" que era descubierta.
En marzo de 2016, a raíz de la desaparición
forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz - conocido como
el "Caso Tierra Blanca"-, se desplegaron diligencias encabezadas por
la Policía Científica, de la Policía Federal, que dieron como resultado el
hallazgo de otro rancho en el municipio de Tlalixcoyan, llamado "El
Limón".
El citado subsecretario Roberto Campa Cifrián
confirmó la ubicación de 10 mil fragmentos carbonizados, entre ellos restos
óseos de los jóvenes José Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz.
De acuerdo con la declaración de tres civiles
vinculados a una célula del crimen organizado (asentado en la carpeta de
investigación 27/2016) las víctimas que fueron asesinadas en el rancho El Limón
eran incineradas en hornos clandestinos, y los restos que no se desintegraban
con el fuego eran triturados en un molino de caña y finalmente arrojados a un
río (el Tlalixcoyan) que corre a pie del lugar.
Por esta razón, los activistas exigieron a las
autoridades que consideraran el horno como un indicio, pero la respuesta llegó
de bote pronto: "No lo descartamos, señoras, pero si aquí incineraron
gente tendría que haber restos calcinados y ustedes vieron que los seis cuerpos
estaban completos", les dijeron los agentes ministeriales sin revisar las
cenizas que había atrás, dentro y alrededor del horno.
Con ello, los fiscales dieron por terminada la
diligencia sin tomar muestras ni revisar el resto del predio. Pero la duda se
quedó en la cabeza de los integrantes del colectivo María Herrera y decidieron
hacer algo.
Tres: la verdadera búsqueda
"Nos dimos cuenta que en este lugar había
maletas de ropa, prendas de niños, zapatos regados, nosotros dijimos 'no es
posible que sólo estén esos seis cuerpos'", dice Ernesto, un activista que
asesora a las víctimas indirectas desde 2016.
El colectivo solicitó un permiso ante la Fiscalía
General del Estado para volver a rastrear el lugar con el apoyo de la Brigada
Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, conformada por "buscadores de
fosas", como se les conoce en México a quienes desde la sociedad civil se
han especializado en rastrear lugares donde podrían estar víctimas
enterradas. La autorización de la FGE
llegó hasta el 27 de febrero en el oficio FGE/FRJZNTX/04, del que LA SILLA ROTA
tiene copia.
Volvieron entonces el 1 de marzo de 2017 y
comprobaron a las autoridades que donde ellos logran un hallazgo, los
familiares de desaparecidos lo multiplican.
Esta vez los familiares originarios de la zona
norte de Veracruz no asistieron solos al predio: al frente, y cuidando sus
espaldas, caminaron integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de
Desaparecidos.
En diez horas de labores, con herramientas
rústicas como palas, picos, y una lanza puntiaguda que sirve para que los
buscadores olfateen en busca de olores nauseabundos (cuerpos inhumados),
encontraron 22 huecos con al menos cien restos óseos, que hace suponer a los
activistas la muerte de docenas de víctimas.
"Los restos estaban quemados y cercenados,
también ubicamos el cráneo de un menor de edad, de aproximadamente cinco años,
estaba partido a la mitad, tenía manchas de tizne y la mitad estaba cubierto de
ceniza", recuerda una mujer invadida por el llanto mientras está sentada
sobre una piedra en este mismo lugar que presenció la segunda diligencia civil.
"Una vez que le hicimos el trabajo pesado a
la Fiscalía, les entregamos un bote repleto de cenizas y huesos, y les exigimos
que nos informaran si se trata de la misma que hay en ese horno. Pero no
hicieron nada, ahora que regresamos por tercera vez nos damos cuenta que la
ceniza continúa regada en el piso", fustiga otra integrante de la
agrupación.
Para Celestino Espinoza Rivera, abogado por el
caso "Tierra Blanca" la labor de la Fiscalía habla de un trabajo
desaseado y poco profesional, "llegaron un día, nada más presionados por los
colectivos, y ya después al no haber presión abandonaron los restos, sin
embalar, sin etiquetar, eso es un trabajo deficiente".
Y advierte: "los indicios que quedaron en el
suelo y al aire libre ya están contaminados, no habrá certeza de que se encuentren
de la misma manera que la primera vez, porque tampoco hay seguridad que
resguarde el terreno. En el predio se pudieron haber metido animales de
carroña, o las mismas personas que ocupaban el lugar para borrar
evidencias".
Desde entonces, a pesar de haber sido entregadas
las evidencias, las autoridades guardan
silencio sobre el hallazgo de este terreno donde podrían estar los familiares
de miles de personas buscadas en México y que no se ha dado a conocer por las
autoridades. Desde esa fecha, también, nada saben de los restos humanos que
fueron entregados a la Fiscalía veracruzana.
"Nosotros depositamos la confianza en la
Fiscalía porque quedaron de entregarnos un reporte de los hallazgos a la
brevedad. Hoy el rancho está abandonado y dejaron evidencias regadas sobre el
piso... Tenemos miedo de ventilar todo este horror, pero también necesitamos
respuestas", dice una de las madres que asiste por tercera vez al rancho
La Gallera.
Cuatro: las promesas y la incertidumbre
A casi tres meses del hallazgo en el rancho La
Gallera, la Fiscalía de Veracruz no ha emitido un comunicado sobre los 22
puntos localizados por los familiares de desaparecidos, tampoco han entregado
un informe que, prometieron, detallaría el número de restos procesados, así
como la materia genética que pudiera ser confrontada con el ADN de 40 familias
que integran el colectivo María Herrera.
No estaban equivocados... "Veracruz es un
fosario", advirtió el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra en
su última visita a la entidad del Golfo de México el 22 de marzo de este
año.
"Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió
con los ocho colectivos de desaparecidos, frente a mí, que iba a hacer todo lo
posible por buscar restos, entonces yo creo que va de por medio su
credibilidad. Sería lamentable que al igual que en el gobierno pasado, no se
tuviera la voluntad política para hacer las cosas", menciona en entrevista
el postulado al Premio Nobel de la Paz 2017.
En esa reunión, Yunes dijo: "Coincido en que
es indispensable encontrar la luz o la verdad, ella dice (una madre del
colectivo) con o sin la autoridad, yo pediría con la autoridad; mi gobierno
quiere ir al fondo de la verdad. Este gobierno no ha dicho aquí no pasa
nada", dijo Yunes en esa reunión con activistas.
"La Fiscalía no puede dejar de buscar en los
predios, eso no revela una investigación seria. Si Jorge Winckler no puede,
porque tiene otros asuntos, entonces que delegue una persona que de verdad
apoye la búsqueda", fustiga Solalinde.
Julio Hernández Barros, ex titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) y especialista en derecho de víctimas
coincide con Solalinde. "Es una
gran omisión de las autoridades haber dejado sin custodia estos hallazgos, sin
haber establecido una verdadera cadena de custodia para que la prueba se preserve,
debe conducir esto incluso a una responsabilidad".
"Son los principios más elementales de la
criminalística para recabar pruebas, es catalogarlas, embalarlas... los que
sufren son las víctimas a quienes se les niega el derecho que tienen de conocer
la identidad de las personas que ahí estaban; el derecho a la verdad, a la
justicia, los principios de dignidad", agrega.
La paciencia para los colectivos se acabó.
Mientras tantas personas en México necesitan pistas para seguir la huella de
sus desaparecidos, la información sigue ocultándose, resaltan. "Que ya no
oculten el lugar, que el estado deje de ser omiso deje de estar solapando, que
deje este silencio porque este silencio y este retardo a las familias es
síntoma de complicidad", sentencia Ernesto.
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